Tratándose de la ejecución de la sentencia de condena, es el propio ejecutado quien debe soportar dichas costas en razón de haber sido su actitud reticente en afrontar el pago de los honorarios de los ejecutantes la que determinó a éstos a solicitar la traba de medidas cautelares en garantía de sus acreencias....

Con respecto a las costas, rige en esta cuestión el principio general establecido por el art. 824 C.P.C.C. según el cual, en la etapa de ejecución de sentencia, las costas que se ocasionen en las diligencias, serán a cargo del que haya sido condenado en la sentencia de cuya ejecución se trate. No obstante dicho principio general, en cuanto hace al específico tema de las labores tendientes al leva...

El art. 46 de la ley 24.557, en su apartado primero, se encuentra en pugna con los arts. 5º, 75 inc. 12, 116, 121, 122 y 123 C.N. y 152 y 160 Const. Pcial., al conferirle competencia federal a cuestiones de derecho común como es la atinente a las prestaciones con motivo de infortunios laborales, no delegadas por las provincias a la Nación y que forman parte de las facultades reservadas de los esta...

Es de aplicación el índice RIPTE desde el 1/01/10, sobre el capital indemnizatorio que deberá actualizarse a través del mecanismo preceptuado por el inc. 6 del art. 17 de la ley 26.773 vigente al momento del efectivo pago. El índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables) introducido por la ley 26773, es de aplicación inmediata a las deudas pendientes por prestac...

Es correcta la interpretación doctrinaria y jurisprudencial acerca de que la administración constituye un hecho global, lo que tiende, fundamentalmente, a evitar que se considere que entre los actos infieles o abusivos existe un concurso real. Esa interpretación, concretamente, evita que los actos llevados a cabo por un administrador sean vistos como independientes y, de ese modo, como multiplicad...

En los delitos continuados el curso de la prescripción recién comenzará cuando se ejecute el último hecho y no desde que la continuación delictiva haya dado comienzo (art. 63 C.P.). Esto es así, puesto que el delito continuado importa una cierta renovación de la delictuosidad. En los delitos continuados, aun cuando muchas de las acciones se hayan producido en vigencia de la ley 25.188, que no c...

La sentencia de la alzada se halla condicionada a los límites impuestos por el principio de congruencia, de modo tal que el tribunal no puede fallar acerca de capítulos no propuestos a la decisión del juez de primera instancia. Es necesario que las alegaciones que el apelante realice en la instancia ad quem hayan sido expresadas en la anterior, aunque según sea la solución del juicio por el inferi...

En cuestiones relativas a la indemnización por daños resultantes de la intervención de automotores, es aplicable la responsabilidad objetiva por riesgo creado (art. 1113, 2º párr., 2º supuesto, C.C.) consagrándose una presunción iuris tantum de relación de causalidad que sólo es posible enervar con la demostración de la actuación de una causa ajena: culpa de la víctima o de un tercero, caso fortui...

La interpretación del art. 3575 C.C. en cuanto establece que la separación de hecho de los cónyuges sin voluntad de unirse es causal de pérdida de la vocación sucesoria del supérstite ha generado desde su origen interpretaciones discordantes. Cualquiera fuere la postura que se adopte acerca de la carga de la prueba a los fines de decidir la pertinencia de la exclusión hereditaria del cónyuge supér...

Cuando no se demuestra que la empleadora hubiese estado asegurada en una aseguradora de riesgos del trabajo, ésta deberá responder directamente ante la actora por las prestaciones previstas en la ley 24.557 (art. 28 L.R.T.). En el ámbito del derecho del trabajo impera el principio de primacía de la realidad, en donde de existir discordancia entre lo que ocurrió en la realidad y lo que surja de...