La educación es reconocida por la ley penitenciaria, conforme lo establecido en distintos instrumentos internacionales (Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, arts. 77.1 y 77.2 y Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos, art. 6º), como un derecho fundamental de la persona privada de su libertad, que debe ser garantizado a todos los internos y respecto de todos los nivele...