El decr. 1316/02 que suspende por el plazo de 120 días hábiles el cumplimiento y ejecución de las sentencias definitivas dictadas en los procesos judiciales es inconstitucional porque afecta palmariamente el principio de división de poderes y el derecho a la tutela judicial efectiva, como garantía innominada emanada de los arts. 33, 75, inc. 22, C.N., y del art. 8, inc. 1, del Pacto de San José de...

Es condición sine qua non, teniendo en cuenta la razón de ser institucional y la dinámica eminentemente garantizadora del amparo, para el ejercicio de esta acción, la contemporaneidad o la inminencia del acto tildado de manifiestamente ilegal o arbitrario. Así, resulta expedita frente a la violación de derecho ya acaecida, por comisión u omisi&oacut...

Una causa legal de inadmisibilidad de la acción de amparo es que la demanda no haya sido presentada dentro de los quince días hábiles de la fecha en que el acto fue ejecutado o debió producirse (art. 2º, inc. e ley 4915). Se establece un verdadero plazo de caducidad, cuyo cómputo no ofrece dificultades cuando se acciona respecto de un hecho consumado, pero presen...

Son requisitos propios de las medidas cautelares, conforme el art. 230 C.P.C.C.N., la acreditación de la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, los que se han demostrado prima facie. Sin que implique un adelanto de criterio, existen condiciones para la procedencia de la cautelar, y de manera especial el peligro en la demora. Corresponde la entrega del medicamento al paciente que se ...

La violación de derechos y garantías constitucionales que el régimen de restricción de retiros de depósitos bancarios pudiera provocar, debe conjugarse con el ejercicio de los poderes políticos de las facultades indispensables para armonizar las necesidades particulares de los ciudadanos con la conveniencias generales del conjunto. La invocada verosimilitud del derecho, atento las circunstancias a...

No se configura el requisito de «peligro en la demora», como una situación que requiera una urgente e imperiosa satisfacción, en el caso del giro comercial de una farmacia y distribuidora de medicamentos, aduciendo que para ello necesitan de la moneda norteamericana, por lo que corresponde rechazar la cautelar solicitada. (Del voto de la mayoría, Dres. Sánchez Freytes, Mosquera)....

La declaración de inconstitucionalidad es un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerada ultima ratio del orden jurídico, para lo cual el planteo de su declaración debe reposar en el interés de la parte legitimada en su ejercicio, careciendo de esa legitimación quien no se es titular de la relación jurídica sustancial que da origen a la causa, sin perjuicio de que la pretensión te...

El nuevo rol otorgado al Ministerio Fiscal con posterioridad a la reforma constitucional de 1994, es el de un órgano estatal independiente en lo funcional, y dotado de autarquía financiera, que lo desvincula jerárquica y funcionalmente de la tríada tradicional de poderes sobre la que se asienta nuestro sistema de gobierno, aunque en sus atribuciones lo coordina a éstos, pues funciona como pieza de...

La ley 25.587 estableció el alcance de las medidas cautelares a otorgarse en el régimen de depósitos bancarios, con excepción de los supuestos en los que exista riesgo para la vida, la salud o la integridad física, o personas de 75 años de edad, excluyendo así a las personas jurídicas. Ello vulnera la tutela legal efectiva, ya que las personas jurídicas como tales, también gozan de derechos y gara...

Pretender que el control de legalidad del Ministerio Público se encuentra limitado al mero control del cumplimiento de normas procesales, implica una interpretación que se aparta de la facultad que le confiere el art. 120 C.N. y del texto expreso de la ley 24.946, que en su art. 41 señala que este órgano del Estado tiene el deber de asegurar el efectivo cumplimiento de la legislación y el respeto ...