La presunción de legitimidad obra en favor de la impugnada ley 25.673, y en favor de la actuación de las autoridades públicas del Estado Nacional. Constituye un error in iudicando y también in procedendo la orden de abstención de aplicación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, a través de una medida cautelar en una urgente y sumarísima acción de amparo, con un efecto ge...

Dada la gravedad institucional que la disposición de la medida cautelar recurrida implica, como también el estrépito público que ha significado el haber suspendido con efectos generales e indeterminados la aplicación de una política sanitaria nacional, el tribunal entiende que no se encuentra limitado en su decisión jurisdiccional en este estado procesal, y atento lo dispuesto por el art. 3º de la...

La verosimilitud del derecho es la condición primera y esencial de toda cautelar, e importa la apariencia en la razonabilidad de la pretensión deducida, proporcionando, a priori, el necesario sustento jurídico de la resolución judicial dirigida a mantener el estado de las cosas o situaciones jurídicas, a fin de que su alteración no acarree un perjuicio insubsanable o de dificultosa reparación. ...

No se encuentran reunidos los requisitos del art. 230 C.P.C.C.N., para la procedencia del amparo, desde que el amparista es un ingeniero de 32 años de edad, que se encuentra en plena actividad, y percibe importantes honorarios fruto de su actividad. No se encuentra contemplada en la normativa de excepción contenida en la ley 25.587, art. 1º, la compra de un automóvil, por lo que al no comprobarse...

Corresponde otorgar participación al Bank Boston N.A., puesto que aún cuando expresamente la acción no ha sido dirigida en contra de esa entidad, sino del P.E.N., del Ministerio de Economía y del B.C.R.A., la cautelar fue dictada en contra del recurrente, ordenándose su cumplimiento por considerarse acreditados los presupuestos del art. 230 del C.P.C.N.. El Bank Boston N.A. reviste el carácter d...

La verosimilitud del derecho puede entenderse acreditada, con base en la violación de derechos y garantías constitucionales que el régimen de restricción financiera pudiera provocar. Y en las constancias de depósitos en «Fondos 1784», proporcionando a priori el necesario sustento jurídico de la resolución judicial dirigida a mantener el estado de las cosas o situaciones jurídicas, a fin de que su ...

El alcance del término «emergencia» es el de constituir una situación naturalmente transitoria, episodios excepcionales, donde diversos factores concurren para promover estados o períodos de peligro de las instituciones, de supervivencia del grupo humano o funciones fundamentales con dimensión suficiente para lesionar las actividades comunes de la población. Deben concurrir los caracteres de grave...

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que la emergencia autoriza al Estado a restringir el ejercicio normal de algunos derechos patrimoniales tutelados por la Constitución. Pero esa sola circunstancia no es bastante para que las normas repugnen al texto constitucional, pues todos los derechos están limitados por las leyes reglamentarias. Su restricción debe ser razonable, limitada...

Nuestro máximo tribunal ha resuelto que la restricción impuesta por el decr. nº 1570/01 y reglamentaciones posteriores muestra un ejercicio carente de razona-bilidad de la facultad normativa tendiente a conjurar la crisis, como también que tal restricción implica una violación a los arts. 17 y 18 C.N., en tanto desconoce el derecho de las personas a disponer libremente y en su totalidad de su patr...

Los depósitos ahora atrapados en lo que se denomina «corralito financiero» fueron impuestos bajo la vigencia de la ley 25.466 que declaró intangibles todos los depósitos. Es el propio Estado Nacional, quien desconociendo en forma absoluta el texto expreso de la ley, quiebra en modo sin precedentes la regla de confianza en que se sustenta la relación gobernantes y ciudadanos, principio en el que se...