Ordenan indemnizar con $350.000 a un condenado a perpetua por triple homicidio
Un fallo genera un fuerte escándalo en Mendoza. La Justicia
de esa provincia hizo lugar a la apelación de uno de los asesinos más
peligrosos del distrito, que demandó a la provincia por haber sufrido lesiones
y que podría recibir una indemnización de $ 350 mil.
El denunciante es Enrique Hugo Montuelle Masmouk, de 38
años. Preso desde 2003, está condenado a perpetua por tres crímenes que cometió
en el penal de Boulogne Sur Mer, donde está detenido. Aunque un tribunal de
primera instancia no hizo lugar a su presentación por "daños físicos y
morales", la Tercera Cámara de Apelaciones en lo Civil revirtió esta
decisión.
El subsecretario de Justicia de Mendoza Marcelo D'Agostino
cuestionó el fallo por considerarlo "injusto y reñido con el sentido
común". "Tiene 40 sanciones disciplinarias, 25 de ellas graves. Se
trata de una persona sumamente violenta, que no se adaptó ni cumple con las
premisas dentro de la cárcel", cuestionó el funcionario en una entrevista
con TN.
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"Mató a tres personas, es incontrolable. Deberíamos llegar al absurdo de
ponerle un bozal al estilo Hannibal Lecter (en referencia al criminal de la
película 'El silencio de los inocentes) o tener que ponerle uno o dos
guardiacárceles que lo sigan permanentemente para que no genere estas
situaciones, lo que es materialmente imposible", dijo D'Agostino.
El funcionario explicó además que el detenido "debió
haber demostrado que hubo falta de provocación en riñas o en las situaciones
que le provocaron las heridas", al tiempo que recordó que Masmouk presenta
"autolesiones".
El subsecretario de Justicia de Mendoza dijo que "esto
sienta un preocupante antecedente, ya que otros internos podrían provocarse
heridas para luego reclamar una indemnización al Estado por falta de seguridad
en los penales donde están detenidos".
Uno de los argumentos del Tribunal que falló a favor del detenido hace referencia a lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que indica que "quien sea detenido tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal".