Aprobaron la modificación del Código Procesal Penal Provincial

 De manera mayoritaria, la Unicameral sancionó ayer una ley que modifica artículos del Código Procesal Penal y agrega otros vinculados a especificar y clarificar criterios para casos en los que exista violencia familiar o de género. Sólo los bloques de la izquierda no acompañaron el proyecto.

En concreto, lo que se modificó es el texto del actual artículo 281 de la Ley Nº 8123 (Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba) y se incorporaron los artículos 281 bis y ter, que regulan el instituto de la Prisión Preventiva en el proceso penal cordobés.

El proyecto que fue impulsado por el Unión por Córdoba y que se compatibilizó con otro de la oposición, establece directrices que rigen la aplicación de la peligrosidad procesal, otorgando a los jueces pautas "tendientes a facilitar el ejercicio de la jurisdicción en aquellos casos que versen sobre la libertad de ciudadanos sometidos a proceso, todo ello de acuerdo a la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Tribunal Superior de Justicia de nuestra Provincia", se aseguró en los fundamentos del proyecto.

La nueva ley incorpora indicios vinculados a la violencia de género que permite al Ministerio Público Fiscal dictar la prisión preventiva (por ejemplo, cuando se sospeche que el supuesto agresor ejerce influencia hacia la víctima, testigos o peritos de hechos vinculados a la violencia de género que se comporten de manera renuente en sede judicial).

Además, habilita el uso compulsivo de dispositivos electrónicos en casos de violencia de género ("pulsera electrónica").

Opiniones

El legislador Julián López (UPC) se encargó de defender la iniciativa junto a su par de bloque Ana Papa, quien destacó: "El objetivo es llevar adelante una política más agresiva orientada a la asistencia integral para las mujeres víctimas de violencia, que incluya el fortalecimiento personal y la independencia económica, en busca de una salida real a esta compleja situación y no meros paliativos aislados".

Por su parte, Liliana Montero (Córdoba Podemos), acompañó con su voto la sanción de la ley, pero aclaró en el recinto que "el acompañamiento de este proyecto no puede bajo ninguna circunstancia soslayar la deuda impresionante que tiene el gobierno de la Provincia de Córdoba con respecto a la violencia de género". Y recordó que el gobierno provincial subejecuta el dinero presupuestado para tres programas vinculados específicamente a la asistencia y a la prevención de la violencia familiar y a la violencia de género.

En tanto, María Elisa Caffaratti (UCR), aseguró en su exposición: "Esta propuesta ha surgido no solo como resultado del debate dado entre los miembros de la Comisión de Género y de distintos legisladores sino también de haber escuchado los relatos de las víctimas y familiares de las víctimas, y asociaciones los cuales han expresado que muchas muertes o situaciones de violencia podrían haberse evitado de haber existido con anterioridad este recurso".