A juicio por vaciar empresas para impedir que el Estado cobre deudas tributarias

Causa: "ARRIOLA, Ana Gabriela y otros, p. ss. aa. de vaciamiento de empresa - SAC n.º 1016018 – Oposición a la citación a juicio".

Fecha: 27/6/16.

La jueza de Control en lo Penal Económico, Ana María Lucero Ofreddi, dispuso la elevación a juicio de la causa que se sigue por el vaciamiento de explotaciones comerciales y el trasvasamiento de actividades a "Calzados Nico". La decisión alcanza a 14 personas, entras las que se encuentran socios (aparentes y ocultos), administradores, apoderados y asesores contables de diferentes sociedades comerciales que explotaban la mencionada marca y que, con dichas maniobras, obstruyeron que el Estado provincial pudiera percibir deudas tributarias.

De acuerdo con la resolución, la operatoria criminal implicó la continuidad de la actividad comercial en una nueva sociedad a la cual se había traspasado la actividad, en infracción a la Ley de Transferencia de Fondos de Comercio y en detrimento del principal acreedor de la firma vaciada: el Estado Provincial. Este, pese a la determinación de la deuda tributaria por parte de la Dirección de Policía Fiscal, vio obstruida la posibilidad de cobro como consecuencia de la maniobra delictiva.

En virtud de las pruebas recolectadas en la causa, la jueza sostuvo que era posible sostener la "coexistencia y sucesión en el ejercicio de la misma actividad comercial consistente en la venta de calzado al por menor, bajo el nombre de fantasía 'Calzados Nico'". En la misma dirección, esgrimió que coincidían "los domicilios donde la actividad se despliega, los mismos empleados, y las vinculaciones entre los sujetos que ocupan cargos jerárquicos y que participan en diferentes roles en la nueva sociedad, con la misma gestión de cobro de sus acreencias y de transferencia de cobranzas entre una sociedad y otra, con idéntico asesoramiento contable, con la misma mercadería y bienes (traspasada por la anterior)".

A lo largo de la causa, ha quedado acreditado que el organismo fiscal concretó cuatro fiscalizaciones en relación con las firmas contribuyentes Fenicia, Invercor (dos) y Shaya. De todas ellas surgió que existían deudas a favor del fisco, pero el cobro se vio frustrado por las maniobras de trasvasamiento empresario perpetradas por los imputados, ya que dos de las sociedades desaparecieron fácticamente y, en su lugar, comenzó a funcionar la nueva sociedad.

La magistrada entendió que las acciones desplegadas han conformado un "proceso de afectación", que implicó en los hechos la desaparición de la actividad comercial de cada sociedad; específicamente, esto se denomina "trasvasamiento", porque medió el cambio de un envase societario por otro, con el fin de burlar los derechos crediticios del Estado provincial. Así, "se desplegaron acciones materiales que implicaron no sólo decisiones, maquinaciones y trámites para que un fondo de comercio cesara y pasara a ser explotado por otra sociedad diferente".

 

Traspaso "ilegítimo" de bienes

En la resolución, la jueza también subrayó que "está sobradamente probada la intención de disminuir las posibilidades de cobro del acreedor, no solo por las concretas maniobras de traspaso ilegítimo de bienes de una empresa a otra, sino por las continuas transferencias de acciones tendientes a esconder a los verdaderos dueños de las empresas, con el fin de dificultar el llamado a juicio (por parte del Estado provincial) para lograr el cobro compulsivo de las acreencias".

La elevación a juicio dispuesta alcanza -con diferentes grados de participación- a Ana Gabriela Arriola, Selva Fabiana Capuccino, Jorge Adalberto Cruz, Martín Nelson Domínguez, Jorge Omar Oviedo, Norma Elena Rosales, Pablo Marcelo Tognaccioli, Ricardo Andrés Vartalitis, Ernesto Andrés Vartalitis, Ariel Darío Sánchez, Daniel Roberto Suárez, Marcos Quiroga Inaudi, María Fernanda Muñoz y Nicolás Alfredo Rosales.

De acuerdo con la resolución, los imputados tuvieron una actuación conjunta, coordinada y premeditada para lograr el fin delictivo, lo que se materializó con la actuación oculta de los verdaderos titulares a través de la utilización de "hombres de paja" para hacer posible la fachada.