Ediles no podrán actuar como querellantes en causa penal contra ex intendente de Cosquín
Villanueva, Marcelo Gustavo y otro p.ss.aa. malversación de caudales
públicos, etc. –Recurso de Casación-".
30 de diciembre de 2015.
El TSJ ratificó que al Asesor Letrado del Municipio le
corresponde la representación y defensa en juicio de los intereses municipales
El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) revocó la
participación, en el carácter de querellantes particulares, que se les había
concedido a siete concejales y a un miembro del Tribunal de Cuentas de Cosquín
en la causa que se le sigue al exintendente de esa ciudad, Marcelo Gustavo
Villanueva, por la supuesta comisión de delitos contra la administración
pública (malversación de caudales y peculado).
La Sala Penal del Alto Cuerpo revocó la resolución de la
Cámara de Acusación de Villa Dolores, que había ratificado la decisión del juez
de Control y de Faltas de Cruz del Eje favorable a la participación en el
proceso de los concejales y del tribuno de cuenta. Eso ahora ha sido revocado
por el TSJ bajo el argumento de que es el Asesor Letrado del Municipio quien
"defiende el patrimonio y los intereses municipales y representa al Municipio
en todo litigio en que éste sea parte".
En su voto, el vocal Sebastián Cruz López Peña esgrimió: "el
Concejo Deliberante no puede por sí mismo estar en juicio, obviando al Asesor
Letrado, ni constituirse como querellante particular en una causa penal donde
la presunta ofendida es la Municipalidad de Cosquín, como 'administración
pública'".
El magistrado argumentó que, si se admitiera tal
participación en el presente proceso penal, los concejales se "excederían en
sus funciones" e incumplirían la Ley Orgánica Municipal n.º 8102, y la
Ordenanza n.º 3305 (del año 2011). Esta última, en su artículo 4, "especifica
que, en particular, le corresponde al Asesor Letrado entender en la
representación de la Municipalidad en todas las actuaciones judiciales y
administrativas en que sea parte o tenga interés, por lo que debe requerírsele
su asesoramiento en todo asunto o cuestión que eventualmente pueda causar la
adquisición o pérdida de derechos para el municipio".
Sin interés legítimo para actuar
Por otra parte, el vocal López Peña también ponderó que, en
el escrito por medio del cual habían solicitado su participación en el carácter
de acusadores privados, los ediles y el tribuno de cuentas solo invocaron
genéricamente la "representación popular y su simple condición de ciudadanos".
En la misma dirección, el magistrado esgrimió: "en las
presentes actuaciones, donde se investigan delitos contra la administración
pública (malversación de caudales públicos y peculado), no aparecen esos
concejales y el tribuno de cuentas con un interés particular afectado que los
legitime a intervenir como acusadores privados, a título individual. En este
contexto, quien porta el bien jurídico protegido por las normas penales es la
Municipalidad de Cosquín".
En su voto, al que se adhirieron sus pares (Mercedes Blanc
de Arabel y Luis Rubio), al tratar quiénes pueden ser admitidos como
querellantes particulares frente a esta clase de delitos, el Dr. López Peña
pasó revista a la evolución doctrinaria y jurisprudencial que hubo en la
materia. En un principio, tal posibilidad se centraba solo en el "ofendido
individualmente", pero luego se admitió la intervención de asociaciones
intermedias y sindicales, y a partir de la reforma constitucional de 1994, de
los "afectados", en los casos de derechos de incidencia colectiva (art. 43 de
la Constitución Nacional). Pero aun en esta última hipótesis, precisó que los
únicos legitimados para accionar judicialmente son quienes acrediten "un
derecho subjetivo; esto es, un agravio propio, directo y concreto de un derecho
o garantía constitucional"; pero, cuando no aparece un afectado
individualizado, sólo pueden interponer el amparo los otros dos legitimados
especiales reconocidos por la CN: el defensor del Pueblo y las asociaciones".
Como consecuencia, y pese a dicha ampliación de la
legitimación procesal para intervenir, en la sentencia del TSJ se destaca que
"no existe ni puede existir válidamente en nuestro país lo que se denomina
'acción popular', porque lo prohíbe la Constitución", en el sentido de que
"ninguna persona del pueblo puede objetar o impugnar judicialmente actos
administrativos si éstos no afectan un derecho subjetivo o un interés legítimo,
personal y directo, del accionante".
SENTENCIA: https://www.sendspace.com/file/laadra