EL ABOGADO INCOMPLETO: ¿qué formación para qué servicio?

Muchos problemas organizacionales de los tribunales en cualquier parte del mundo, no dependen tanto de razones presupuestarias como de falta de organización y soporte, en definitiva, desarrollo y perfeccionamiento del recurso humano".  

El Estado social y democrático de derecho pone en hombros de las instituciones dotarlo de vida ante la ciudadanía, cobrando sentido en su misión, plasmada como el propósito de cada una de ellas: el "para qué" de su existencia. 

Así, para ponderar la presencia o ausencia de calidad a nivel público institucional cabe identificar, inicialmente, cuál es su específica misión y analizar su cumplimiento efectivo como también el modo en que alcanza dicho resultado, evaluando tiempos y recursos insumidos que dan cuenta de su eficiencia. Asimismo impera deconstruir su manera de informar y comunicarse con los destinatarios del servicio público prestado: el "para quién" de su misión; en aras a propender a la mejora continua de sus procesos internos con impacto a nivel social o externo.

Ahora bien, esta perspectiva sistémica no puede desconocer que los engranajes que le dan vida a la misión institucional son las personas que trabajan en su seno, con diversas responsabilidades, desde variadas funciones y tareas. Por lo que pensar en su formación desde los conocimientos, habilidades y actitudes resulta una asignatura impostergable para dotar al Estado de calidad institucional.

La cultura del servicio dentro del espacio público, donde cada uno de sus artífices se presente como una mano abierta del Estado en sus diferentes funciones hacia la ciudadanía, es un terreno aún difícil de arar, no sólo a nivel académico sino también a nivel institucional.

Un desafío impostergable constituye guiar y propiamente formar a personas adultas -cuando no, desandar sobre viejos paradigmas para desaprenderlos- a sabiendas que aunque se presuma haber adquirido suficientes competencias para la labor cotidiana, el contexto actual es cultural, económico, social, político, tecnológico y -en consecuencia- jurídicamente distinto de cualquier otro período histórico y supone, por ello, condiciones especiales para el ejercicio de las profesiones en general y de la judicial en particular.

Habilidades no enseñadas a los Abogados

En democracia se enaltece la ley como expresión de soberanía popular y la sujeción de todos los poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. En ese marco, la garantía procesal efectiva de los derechos y libertades requiere la existencia de la Justicia.

Frente al Derecho no debe permitirse que -en la necesaria búsqueda por profundizar tecnicismos, lagunas, interpretaciones y vericuetos de las normas- se soslaye el para qué de su existencia: ser redactado, entendido y aplicado para enaltecer la Justicia. Sólo bajo esos términos podremos encauzar el servicio público en sus órbitas ejecutiva, legislativa y judicial, más aún cuando allí realizan tareas personas que -en buena proporción- son abogados o auxiliares de la ley.

Ahora bien, el resultado de un diagnóstico de este tipo, relativo a los componentes organizacionales que conforman el "capital humano" -moldeado desde enraizados planes de estudio y planteles docentes de carreras de Abogacía latinoamericanas- viene filtrado necesariamente por lo que Pierre Bourdieu (1983) ha llamado el "capital cultural", pues esta condición o punto de partida en la formación individual se impone como una hipótesis indispensable para dar cuenta de las diferencias en los resultados luego producidos a nivel público institucional. 

Es inquietante pensar que en prácticamente todas las carreras universitarias existe alguna materia o al menos una unidad relativa a leyes o normas que regulan la actividad profesional de la ciencia en estudio (ingenierías, ciencias económicas, comunicación social, licenciaturas en administración, psicología, entre tantas otras), no obstante en la de Abogacía abundan áreas vacantes de ser enseñadas, que constituyen aristas básicas para la profesión del abogado, sea que trabaje dentro o fuera del Poder Judicial. 

Habilidades para planificar, gestionar procesos y personas en una oficina, la comunicación interna como así la relación con los medios masivos de comunicación, constituyen algunos ejemplos de aquello; como también el uso de indicadores y herramientas de diagnóstico, la investigación y la formulación de políticas y proyectos, sólo por mencionar algunas herramientas básicas de labor de cualquier abogado, más aún si su trabajo se inserta institucionalmente.

A lo anterior se suma la escasa utilización en las aulas de metodologías indispensables para la tarea abogadil y que poco se han favorecido desde la didáctica docente: la reflexión interdisciplinaria (junto a otras facultades), la generación de trabajos e incentivos grupales (que no sólo reposen en la presentación de un tema con un listado de varios alumnos como autores), la comunicación escrita y oral (ceñida generalmente para las instancias de examen, aunque sin haber sido capacitados previamente en esas destrezas), la utilidad práctica de los conocimientos adquiridos por materia, su razón de ser en la carrera y la necesaria vinculación con las demás materias cursadas o por cursar.

Todo lo cual se hace aún más notorio ante casos de superpoblación estudiantil, con la correlativa dificultad para transmitir conocimientos trabajando desde las destrezas de aprendizaje y competencias de los propios alumnos. 

Cuestión que suele potenciarse ante docentes sin formación pedagógica, que pueden contar con un sólido perfil profesional -siendo abogados de exitosos estudios jurídicos o funcionarios investidos de cargos jerarquizados en el sistema legal o judicial- aunque con exiguo manejo de herramientas de enseñanza que escapen a la clase magistral, fomentando un aprendizaje marcadamente individual, memorístico y repetitivo, promoviendo el dogmatismo por sobre la problematización de enunciados que se presentan como válidos e incuestionables ante el alumnado.

Formación para el fortalecimiento institucional

En La era de la discontinuidad (1969) Peter Drucker dedicó una sección a "la sociedad del conocimiento" y planteó cómo las nuevas tecnologías de la información y comunicación están transformando radicalmente las economías y la estructura de la industria, los productos y servicios, así como los puestos de trabajo y mercados laborales, impactando tanto en la sociedad y la política, como en el modo en que percibimos el universo y a nosotros en él. Lo decía Edgar Morin (1993): "no sólo es que cada parte del mundo forme, cada vez más, parte del mundo, sino que el mundo como todo está cada vez más presente en cada una de las partes". 

Frente a ese panorama la tarea más urgente que se presenta es enseñar a las personas que integran el quehacer estatal, cómo aprender. Pues ante la creciente capacidad tecnológica desarrollada para producir y almacenar cada vez más datos -que circulan transformados en información- cabe construir una sociedad del conocimiento, capaz de apropiarse de manera crítica y selectiva de dicha información circulante. 

Ya no prima transmitir contenidos sin antes desarrollar la capacidad para producirlos y utilizarlos. Una célebre frase atribuida a Albert Einstein dice: "yo no enseño a mis alumnos, sólo les proporciono las condiciones en las que puedan aprender". Resulta fundamental no sólo conocer las representaciones que poseen los participantes sobre lo que se les va a enseñar, sino también analizar el proceso de interacción entre el conocimiento nuevo y el que ya poseen.

En la vorágine de los cambios, la educación siembra tierra fértil para anclar certezas y, en el espacio institucional, marca el rumbo hacia un horizonte compartido. Aparece por una parte, el cambio como producto necesario y dinámico que tiende a evitar conflictos y mejorar las condiciones existentes y, por otra, la búsqueda de identidad como responsabilidad trascendental del sujeto (como de la institución que lo contiene y guía su actuar laboral), pues el construirse a sí mismo será refugio y fuente de arraigo. 

Con este panorama, asimismo le corresponderá a la propia organización identificar las capacitaciones a desplegar acorde a los perfiles disponibles y necesidades relevadas (como apuntalar alguna materia especializada, inducir a una tarea nueva), adecuando el tipo de enseñanza a desarrollar (presencial, virtual, a través de videoconferencias) y considerando las posibilidades reales de las personas para acceder a los cursos formativos (a partir de las redes informáticas disponibles o su proximidad a los centros de estudios).

Vocación para servir: otra asignatura pendiente

La cultura del servicio dentro del espacio público, donde cada uno de sus artífices se presente como una mano abierta del Estado en sus diferentes funciones hacia la ciudadanía, es un terreno aún difícil de arar, no sólo a nivel universitario sino también a nivel institucional.

Antes de procurar formar personas, impera recubrir a las organizaciones públicas de "piel social" (en términos de Noelle Neumann en La espiral del silencio), con capacidad para sentir el calor del reclamo ciudadano ante el servicio prestado y el sinsabor de los conflictos sociales canalizados institucionalmente. Pues será sólo a partir de ese "estar en el mundo", de contextualizar en tiempo y espacio la función pública, que podremos diseñar un perfil del servidor que se necesita para responder adecuadamente. 

Y es aquí donde la artesanal labor de la formación cobra valor, como nexo imprescindible entre Justicia y ciudadanía, como quien delinea qué personas necesitamos para satisfacer la demanda social con una mirada prospectiva frente a los cambios de paradigmas sociales e institucionales. Implica zambullirse en la cotidianeidad de hombres y mujeres junto a sus problemáticas, necesidades y derechos envueltos en el contexto actual, para desde allí diseñar el mejor modo de darles respuestas céleres y de calidad.

Inconmensurables cambios se han producido en las sociedades, ante los cuales no puede ser ajena la Justicia, que debe procurar encauzarlos a través de su formación interna, convirtiéndose ella misma en una institución que aprende y se adapta a tales cambios. 

Específicamente, el adiestramiento de magistrados, fiscales, asesores, funcionarios y empleados judiciales implicará prepararlos para identificar problemas y buscar soluciones innovadoras y prácticas, que hagan frente al actual panorama de demora y los altos costos judiciales, facilitando el mejor uso de los recursos escasos con que los sistemas cuentan. 

Un primer desafío que se presenta es transformar la enseñanza judicial, encaminándola desde un modelo que procura sólo enseñar normas de derecho, hacia uno más ambicioso que supone una formación para asegurar derechos desde la prestación de un servicio público. 

Que el juzgador y auxiliar de la Judicatura aparezcan no sólo como expertos en leyes, sino más bien sensibles a las circunstancias sociales en las que su función incide y que, a la inversa, repercuten en el seno de su labor. Trascender de su posición erudita para situarse en un plano más reflexivo como mediadores entre conflictos de ciudadanos: la razón del quehacer judicial. 

Ante ello se desprende que la herramienta institucional más valiosa de la Justicia son sus integrantes, donde el maestro no es otro que el modo en que las personas dibujan el mundo en que transitan juntas. Lo señalaba Karl Jaspers (1963: 822): "nadie conoce las posibilidades que dormitan en el hombre" 

Se pone énfasis en la misión y visión institucional, no como un enunciado estático e inmutable, sino más bien como ese mandato que señala el rumbo que los pasos deben dar; recordando siempre la medida de cada zapato plasmada en el perfil que delinea la tarea que cada uno desarrolla en el marco de la función asignada. 

Ética en la función

Para el desenvolvimiento de cada rol institucional se cuenta con un cúmulo de derechos y sus correlativos deberes, así como también se establecen prohibiciones e incompatibilidades funcionales. Existen reglas escritas que indican comportamientos esperados, pero hay otras que las subyacen y guían su espíritu, normas silentes que también son capaces de marcar el sendero de cada conducta en el ámbito de labor, como también fuera de él. 

Se podría hablar de competencias individuales deseadas a nivel institucional y que pueden ser consideradas en tres planos: cognitivo (del conocimiento formal), procedimental o técnico (del saber hacer, de las habilidades) y actitudinal (del saber ser). Este último pone el énfasis en la responsabilidad que implica la función y en la noción de servicio público que supone. Se trata de formar conciencia del trabajo desempeñado acorde a un código de valores que suponen un compromiso con la independencia, imparcialidad, profesionalidad y excelencia de la práctica jurisdiccional y abogadil en general.

    Cierto es que la prestación del servicio judicial debe evolucionar hacia mecanismos más modernos y eficientes, con agentes diestros en el manejo de nuevas herramientas brindadas por el trabajo interdisciplinario para eficientizar su labor; todo lo cual requiere de especialización y educación judicial.  Nótese que aquí se habla de educación "judicial" y no de educación "jurídica", pues se plantea el generar procesos de enseñanza-aprendizaje en los agentes involucrados en el quehacer judicial desde la práctica necesaria para el mejor desarrollo de sus tareas, y no meramente focalizar en los contenidos teóricos legales abstractos, que centran el eje en la normativa vigente. 

    La prestación de un servicio eficaz no depende únicamente del conocimiento en Derecho, cuyo principal objetivo se halla en los claustros universitarios. Y a su vez, como señalan los Dres. Marcela Aspell y Ramón Pedro Yanzi Ferreira (2003) desde la mirada de estas altas casas de estudio: "la creación del Derecho no se reduce al ámbito legislativo o jurisprudencial, sino que se integra con múltiples aportes, entre los cuales las cátedras universitarias asumen una decisiva importancia al constituir laboratorios en los que el derecho es examinado entrecruzando aspectos filosóficos, económicos, políticos, sociológicos e históricos, cuyo objetivo consiste en preservar al derecho del rigor de la dogmática evitando que se desaparte de la sociedad".

    En definitiva, las características del servicio público prestado indican que además del conocimiento y manejo técnico de ese Derecho, también debe incorporarse la formación en valores, fortaleciendo el actuar ético. Lo ha resumido la jueza Cristina Rodríguez en oportunidad de designarse el Centro Ricardo Núñez como Embajada de la Paz por uno de sus programas de extensión llamado "Jueces en la Escuela": "el objetivo no era enseñar a los demás, sino lograr que los valores se asuman, porque cuando se encarnan en las personas se transforman en virtudes y estas generan compromiso; los valores no se enseñan, se contagian".

A mayor poder, mayor responsabilidad. Al decir de Alberto Pertile (2005): "La sociedad pretende un arquetipo de juzgador que encarne la serenidad, la prudencia, la sabiduría, porque ese juzgador es necesario que hable frente a la norma silente, corrija la ley cuando sea necesario y la vivifique en todo momento. Al juez de los nuevos tiempos no le deberán ser indiferentes las perspectivas éticas, antropológicas y socioculturales. Asumirlas será el modo de comprender los procesos de transición del mundo." 

Enaltecer la educación recubriendo a la Justicia y a los distintos espacios públicos de genuina piel social no implica marcar fronteras más cerca o más lejos de la verdad, sino sólo formular preguntas capaces de abrirnos nuevos senderos de búsqueda y encuentros. Se escuchó decir a José Mujica (2009), ex Presidente de Uruguay, en palabras dirigidas a intelectuales de su país: "me gusta pensarme como alguien que le gusta darse baños en piscinas llenas de inteligencia ajena, de cultura ajena, de sabiduría ajena. Cuanto más ajena, mejor. Cuanto menos coincide con mis pequeños saberes, mejor. (…) Lo que digo no lo digo como hombre sabedor, sino buscando junto con vosotros´. (…) Lo digo buscando, porque sólo los ignorantes creen que la verdad es definitiva y maciza (…) Hay que buscarla porque anda corriendo de escondite en escondite. Y pobre del que emprenda en soledad esta cacería. Hay que hacerlo con ustedes, con los que han hecho del trabajo intelectual la razón de su vida… Con los que están aquí… y con los muchos más que hoy no están".

Sostuvo Domingo Sesin (2011), juez del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba: "quienes trabajamos para lograr una Justicia mejor, más eficaz, más eficiente, más humana, con mucho amor al prójimo y profunda vocación de servicio, tenemos uno de los privilegios más sublimes de la condición humana, cual es servir a los demás, misión que enaltece nuestra existencia y nos motiva a duplicar nuestra responsabilidad en beneficio de la sociedad". 

Es tiempo de buscar nuevos mapas para transitar senderos diferentes, aprender otras destrezas para atravesarlos con seguridad, y alinear equipos comprometidos con el servicio para motorizar esfuerzos y multiplicar resultados. Los abogados, incompletos, hemos pisado sobre viejas huellas pensando que no existía otro camino ni otra forma de caminar. 

Referencias bibliográficas

Aspell, Marcela y Yanzi Ferreira, Ramón P. (2003) "La enseñanza del Derecho del trabajo en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba". Instituto de Historia del Derecho y de las Ideas Políticas Roberto I. Peña. Cuadernos de Historia Nº 13. Córdoba: Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba.

Bourdieu, Pierre (1983). Poder, Derecho y Clases Sociales. Bilbao: Descleé de Brouwer.

Drucker, Peter (1969). La era de la discontinuidad (The age of discontinuity). Nueva York: Harper & Row.

Jaspers, Karl (1933) Ambiente espiritual de nuestro tiempo. Trad. Ramón de la Serna. Barcelona: Labor.

Lefever, Dale. (2009) "The Integration of Judicial Independence and Judicial Administration: The Role of Collegiality in Court Governance", Court Manager, Vol. 24.

Morin, Edgar y Kern, Anne Brigitte (1993). Tierra-Patria. España: Kairós.

Mujica, José. (2009) Palabras pronunciadas en un encuentro con intelectuales brindado en el "Salón de los Pasos Perdidos" del Palacio Legislativo de Uruguay, el 29 de abril de 2009. Disponible en http://constitucionweb.blogspot.com.ar/2010_01_01_archive.html

Noelle Neumann, Elisabet (1995) La espiral del silencio: opinión pública, nuestra piel social. Barcelona: Paidós Ibérica.

Pertile, Alberto (2005) Ética del Juez y del Funcionario Judicial. Córdoba: Advocatus.

Sesin, Domingo. Discurso de apertura del año judicial 2011. En Discursos judiciales pronunciados por vocales del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba (2013) Armando S. Andruet (h)[et.al.]. - 1ª. ed. Colección Premios y Homenajes Nro. 5. Centro de Capacitación Ricardo C. Núñez. Córdoba: Advocatus.