Es ley el proyecto que modifica las jubilaciones de magistrados

En una sesión marcada por la preocupación mundial por el coronavirus -que causó el auto-aislamiento de dos senadores y obligó a extremar las medidas-, el Frente de Todos logró convertir ayer en ley el proyecto que modifica los regímenes jubilatorios de jueces y del Servicio Exterior, con 41 votos afirmativos y 21 negativos.
Juntos por el Cambio presentó en las horas previas su propio dictamen y decidió votar en contra del proyecto oficial, luego de una reunión de interbloque en la que primó la postura del radical Martín Lousteau, autor de una propuesta más amplia.
La neuquina Lucila Crexell y el santafesino Carlos Reutemann también votaron en contra, en tanto que el oficialismo contó con el apoyo del rionegrino Alberto Weretilneck, la riojana Clara Vega y la misionera Magdalena Solari Quintana.
Hubo en total 10 ausentes: además de los autoaislados Adolfo Rodríguez Saá y Roberto Basualdo, no estuvieron para votar Silvia Elías de Pérez, Silvia Giacoppo, Ernesto Martínez, Julio Martínez, Carlos Menem, Laura Rodríguez Machado, Belén Tapia y José Alperovich -de licencia-.
La necesidad de no prolongar demasiado la sesión llevó a los bloques a acotar la cantidad de oradores -sólo hubo 16 anotados-, aunque el debate se demoró por cuestiones de privilegio sobre temas ajenos -la intervención del Poder Judicial de Jujuy y la disputa por Portezuelo del Viento, además de algunos homenajes-.
Con la sanción de la ley, el oficialismo buscó saldar la discusión que se abrió en diciembre pasado con la Ley de Emergencia Pública, cuando se suspendió la fórmula de movilidad jubilatoria exceptuando los regímenes especiales como los de jueces y los diplomáticos, lo que generó críticas de la oposición.
Después de ese episodio, el Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto que establece que el cálculo del haber debe realizarse sobre el 82 por ciento del promedio de las últimas 120 remuneraciones, según el valor vigente al momento del cese. Además, eleva la edad jubilatoria de los magistrados de manera gradual hasta llegar a los 65 años en 2025; y modifica la ley 24018 para impedir que jueces ya jubilados puedan ser llamados a subrogar, entre otros cambios.
En el inicio del debate, el miembro informante del oficialismo, el senador por La Pampa Daniel Lovera, insistió en que no se busca eliminar el carácter diferencial del régimen sino que éste sea "consecuente" con el aporte que hace el resto del sistema para una distribución de los recursos "más equitativa".
"Este proyecto debe ser analizado de manera integral, con mirada solidaria y en el contexto tremendamente complejo en el que se encuentra hoy nuestro país", explicó Lovera, quien es además presidente de la Comisión de Trabajo, del Senado.
El legislador señaló: "Estos regímenes especiales tienen un déficit importante". Y consideró que el sistema previsional pasó de ser un sistema solidario a ser uno "tremendamente injusto", con una "una gigantesca asimetría".
Aclaró que no se trata de una iniciativa aislada sino que es parte de un programa de gobierno.
Según Lovera, el déficit estimado para este año para el régimen de jueces es de alrededor de 9.200 millones de pesos, mientras que en lo que refiere al de Servicio Exterior asciende a 1.700 millones, por lo que llamó a "resolver" esa situación.

La oposición
En tanto, desde la oposición, el economista Lousteau destacó que el proyecto oficial "no es para eliminar privilegios" y propuso que las jubilaciones de estos dos sectores se calculen como las del resto de las personas.
El miembro informante del dictamen alternativo propuso que los jueces y diplomáticos pasen a formar parte del régimen previsional general, "si es que realmente queremos ser solidarios y atacar el problema de sustentabilidad que tiene el sistema".
Además, el legislador sugirió que a ambas poblaciones se les aplique la misma movilidad que al resto de los jubilados hasta que se expida la comisión que debe elaborar una nueva fórmula -ya que la anterior fue suspendida por seis meses-.
Otra de las propuestas que formuló Lousteau fue que las personas que ya están jubiladas por estos regímenes especiales realicen una "contribución solidaria mínima" para ayudar a resolver el déficit del sistema, con el mismo criterio de la Ley de Solidaridad.
El economista precisó que los beneficiarios de todos los regímenes especiales representan 3,5 por ciento del total" pero se llevan 10 por ciento de los recursos. "Les pagamos tres veces más que al resto de los jubilados", afirmó.
Por su parte, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el cordobés Carlos Caserio, defendió la iniciativa oficial al sostener: "A todos los jubilados del país se les hace el cálculo de jubilación con los últimos 10 años de aportes, mientras que a estas jubilaciones se les hace sobre el último año. Cobrar el 82 por ciento del último salario es un privilegio que no todos los argentinos tienen".