Se aprobó y se publicó el protocolo para que jueces y empleados judiciales paguen Ganancias
Con su publicación en el Boletín
Oficial, se aprobó este miércoles el protocolo previsto para que magistrados,
funcionarios y empleados del Poder Judicial nombrados a partir de 2017 paguen
el impuesto a las ganancias.
Se trata de una resolución del
Consejo de la Magistratura, con fecha del 28 de febrero pero publicada este
miércoles, que dispone aprobar el "Protocolo de Procedimiento para la
Retención del Impuesto a las Ganancias sobre las Remuneraciones de los magistrados,
funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación nombrados a partir del
año 2017".
Entre los considerandos, el texto
recuerda que de acuerdo al art. 114 de la Constitución Nacional, el Consejo de
la Magistratura tiene a su cargo "la administración del Poder
Judicial" contando con la competencia, entre otras atribuciones, para
"dictar los reglamentos relacionados con la organización judicial y todos
aquellos que sean necesarios para asegurar la independencia de los jueces y la
eficaz prestación de los servicios de justicia".
También menciona que en los
"Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura" se
estipula que la ley debe garantizar a los jueces "su independencia" y
"una remuneración, pensiones y condiciones de servicio y de jubilación
adecuadas".
Por otro lado, recuerda que la Ley
n° 27.346 modificó el régimen del impuesto a las ganancias estableciendo que
quedan gravadas las rentas que deriven "del desempeño de cargos públicos
nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
sin excepción, incluidos los cargos electivos de los Poderes Ejecutivos y
Legislativos. Y en el caso de los magistrados, funcionarios y empleados del
Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la
Nación cuando su nombramiento hubiera ocurrido a partir del año 2017,
inclusive" (art. 79, inc. "a").
Agrega que "la aplicabilidad de
la mencionada disposición legal de carácter tributario, frente a la ya citada
garantía constitucional de la independencia judicial, plantea -en esta
instancia- un desafío que puede y debe ser afrontado por este Consejo de la
Magistratura en el marco de las competencias anunciadas".
Y concluye que la medida "implica avanzar en una respuesta institucional de cara a la sociedad, que es el fruto de una decisión consensuada entre los miembros que integran este Consejo de la Magistratura".