El trabajo penitenciario, es reconocido por la ley penitenciaria, conforme lo establecido en distintos instrumentos internacionales (Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, arts. 71.1 a 76.1 y Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, CIDH, resolución 1/2008, principio VIII), como una de las bases del tratamiento en miras a ...

La Ley Orgánica para el personal del Servicio Penitenciario de Córdoba (ley N° 9235) establece entre las funciones de este personal, velar por la guarda y custodia de las personas alojadas en establecimientos de su dependencia (art. 48). Se infiere de ello que las solicitudes de resguardo de la integridad formuladas por internos, deberán ser atendidas por el personal penitenciario a fin de constat...

Conforme a la función de tutela general que se desprende de los arts. 3º y 4º de la ley 24.660, corresponde al tribunal efectuar un examen de la legalidad y razonabilidad de la sanción impuesta al interno y resolver las apelaciones deducidas....

El interno conserva el derecho constitucional de peticionar ante las autoridades (art. 18 C.N.), por lo que impedir el ejercicio de tal derecho, en tanto no resulte restringido fundada y legalmente, constituye una arbitrariedad La conducta típica del art. 4° inc. ff del decr. regl. 343/08, requiere para su configuración la negación sin causa ni justificación a ingresar o permanecer en el lugar ...

Conforme lo dispone el art. 4º ley 8878, deberá asegurarse el pleno respeto del derecho de defensa del interno, derecho que se encuentra contemplado y garantizado en el art. 18 C.N. y tratados que forman parte del bloque constitucional. Así, en el acta de entrevista personal efectuada a I., mediante la cual se le hace saber que podrá formular descargo y ofrecer prueba, se consigna al pie que I. se...

Son recurribles en casación aquellas decisiones que antes de la sentencia que pone fin a la causa, resuelven sobre medidas de coerción personal. Es que las resoluciones que restringen la libertad del imputado -dada la jerarquía constitucional de la libertad personal de quien cuenta con la presunción de inocencia- son susceptibles de irrogar agravios de imposible reparación posterior y, por ende, r...

La prueba sobre la existencia del hecho, la participación del acusado y las circunstancias que permiten inferir el riesgo procesal son condiciones que deben concurrir simultáneamente para la justificación de la coerción, debiendo la fundamentación del pronunciamiento que dispone la medida, proyectarse en forma autónoma con relación a cada uno de ellos....

No existe norma procesal alguna que impida al tribunal de mérito disponer -motu proprio- el encarcelamiento cautelar del acusado al leerse la parte dispositiva del fallo, máxime cuando al acusado se le impone una pena privativa de libertad de cumplimiento efectivo que autoriza el dictado de la prisión preventiva (arg. art. 281 inc. 1 CPP). Si al momento de dictar la sentencia condenatoria, el a...

El legislador le ha dejado al juez un margen de discrecionalidad para la individualización de las penas. En primer término para seleccionar la especie, cuando se conminan penas alternativas. En segundo lugar, para la fijación de su monto, cuando se conminan penas divisibles por su duración o cantidad. Por fin, para decidir cuando impone una pena de prisión que no exceda de tres años, su cumplimien...

El otorgamiento de la condena condicional se encuentra ligado a un pronóstico de que el condenado no volverá a delinquir. Sólo cuando este pronóstico desfavorable existe, la suspensión se presenta como inconveniente y entonces es la efectividad del cumplimiento de la pena, por medio del sometimiento al encierro para permitir el tratamiento penitenciario, el instrumento apto desde la óptica de prev...