Cuando los litigantes no le dieron a los peritos el carácter de árbitros, el tribunal no tiene la obligación de seguir sus dictámenes. En consecuencia, la meritación de esta probanza tiene que hacerse según las reglas de la sana crítica racional (art. 283 C.P.C.C.). Es abundante la jurisprudencia que establece que las conclusiones volcadas en el informe del perito oficial deben ser aceptadas por...

Si el perito oficial señala ambiguamente que el inmueble no volverá al estado originario, y que los parches y deformaciones serán percibidos por potenciales adquiren-tes, éstos provendrán de la mala calidad de los materiales o deficiencias de la reparación, tanto en su desarrollo como en su terminación, consecuencias que no pueden ser cargadas en la cuenta del responsable del ilícito, salvo que fu...

Las conclusiones del peritaje oficial refuerzan el criterio sobre la desvalorización venal que acarreará el daño al inmueble, acorde con reglas normales de experiencia sobre la previsibilidad de determinadas consecuencias a partir de determinados precedentes (necesidad de refacciones estructurales que por su importancia, no dejan de ser advertidas a los ojos de un experto): sistema de causalidad a...

La libertad informativa integra el haz de derechos que constituyen la libertad de expresión. Incluye el derecho a la información y el libre acceso a las fuentes de aquélla, a buscar, transmitir y difundir noticias de fuente propia o ajena, a preservar la fuente informativa de la interferencia estatal, guardando silencio y no transmitiendo parte de la noticia, lo cual en ocasiones consiste en no in...

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido reglas tuitivas de la libertad de informar sin menoscabo de aquellos derechos. Respecto de las noticias que puedan rozar la reputación de las personas, admitida la imposibilidad práctica de verificar su exactitud, se exige que se propale la información atribuyendo directamente su contenido a la fuente pertinente, utilizando un tiempo de verb...

El alto tribunal aplicó en las acciones contra los medios de comunicación, el standard de la «real malicia», sea en materia penal o civil. Dicha doctrina significa en el país de origen (EE.UU.) que el medio ha obrado con conocimiento de la falsedad de la información -dolo directo- o con temeraria despreocupación -dolo eventual- que presupone la existencia de elementos objetivos que permiten acredi...

La doctrina de la «real malicia» se resume en la exculpación de los periodistas acusados criminalmente o procesados civilmente por daños y perjuicios causados por informaciones falsas, poniendo a cargo de los querellantes o demandantes la prueba de que las informaciones falsas lo fueron con conocimiento de que lo eran, o con notoria despreocupación por su veracidad. Es de aplicación cuando la info...

Si bien quedó evidenciado que el medio periodístico demandado, citando fuentes tribunalicias, involucró en el hecho investigado a un hermano del entonces presidente Menem, resultando un error, ya que se trataba de un homónimo, primo segundo de aquéllos, no puede afirmarse que haya obrado con conocimiento de la falsedad de la noticia, con el propósito de injuriar y calumniar. Por el contrario, fue ...

No existe óbice alguno para otorgar una indemnización basada en normas de derecho común a un integrante de las fuerzas armadas o de seguridad, cuando las normas específicas que rigen a las citadas instituciones no prevén una indemnización sino un haber de retiro o pensión de naturaleza previsional, que no tiene carácter resarcitorio. Corresponde atender el reclamo de la actora con fundamento en l...

La opinión de los litigantes no puede prevalecer sobre la del experto, máxime al no encontrarse respaldada en probanza idónea, ya que en tal caso se trata de meras discrepancias subjetivas....