La eficacia de los actos procesales está supeditada a que emanen del titular del derecho o interés pertinente, o de quien se encuentre suficientemente autorizado a tal fin, pues nadie puede obrar por un tercero si no es su representante legal o convencional (art. 1161 C.C.). El art. 90 C.P.C.C. impone a quien actúe en nombre de otro, sea por representación legal o convencional, acompañar la docume...

La exigencia de que en el poder apud acta figure la firma del juez y secretario tiene por finalidad conferir seguridad sobre la autenticidad de la firma de quien lo otorga (art. 90 in fine C.P.C.C.) de modo de brindar garantía a los derechos de quien figura como poderdante, pues debe haber certeza de que autorizó a otro a actuar en su nombre, como también del adversario, quien también debe tener c...

Si no se ha invocado ni probado que quien aparece como firmante y poderdante no es el litigante de quien emana el poder, la irregularidad formal derivada del defecto de autenticación (falta de firma del juez y secretario) queda suplida si las circunstancias concomitantes o posteriores demuestran, inequívocamente, que éste ha sido otorgado dentro del ámbito del tribunal. (Del voto de la mayoría, Dr...

Al no existir dudas de que el acto de apoderamiento tuvo lugar dentro del ámbito de la secretaría, la excepción de falta de personería es absolutamente improcedente y su admisión importaría consagrar un exceso rigor formal. Por otra parte, la participación otorgada al letrado en el carácter de apoderado del actor se encuentra firme y consentida por no haber sido objeto de impugnación en el plazo l...

El poder apud acta es un tipo de mandato especial para un juicio determinado, que se otorga ante el magistrado que interviene en la causa. En tanto se trata de un instrumento público, para su existencia como tal es imprescindible la intervención de un oficial público (arg. arts. 980, 987, 993 y concs. C.C.) y para su eficacia, conforme lo dispone el art. 979, inc. 4, C.C., deben guardarse «las for...

El temperamento adoptado en el decreto recurrido al denegar el despacho de la cautelar (secuestro) con la mera presunción prima facie del carácter de los bienes, deja inerme al ejecutante, colocándolo en la situación de demostrar que los bienes no resultan indispensables para la continuidad de la actividad del giro habitual del deudor, lo que no sólo importa poner en su cabeza la prueba de un hech...

bien debe reconocerse que no pocos pronunciamientos han hecho hincapié en la necesidad de la concurrencia de tales requisitos subjetivos en el proceder del incumpliente, lo real es que no es necesario un incumplimiento deliberado ya que la norma que legisla al respecto (art. 666 bis C.C.) no requiere ningún elemento doloso en el incumplidor, de modo que es suficiente que haya habido mera negligenc...

La circunstancia de que el resolutorio atacado haya sido dictado sin sustanciación no resulta óbice para que proceda al respecto la apelabilidad directa, de conformidad con lo preceptuado por el art. 355 C.P.C.C.. Es suficiente que concurra la condición de «irreparabilidad del gravamen» para que pueda apelarse sin más, sin perjuicio que el afectado, sólo si así lo prefiriere, deduzca reposición co...

Las sanciones conminatorias autorizadas por el art. 666 bis C.C., constituyen un medio compulsivo conferido a los magistrados para lograr que sus mandatos sean acatados por todos aquéllos que intervengan en el proceso, permitiendo con su aplicación doblegar la voluntad renuente del constreñido a su cumplimiento. Su aplicación supone como condición esencial la existencia de una orden judicial no cu...

La aplicación de astreintes conlleva la existencia de incumplimiento injustificado de una orden judicial, por lo que sólo es relevante, para corroborar la corrección de su aplicación, comprobar que haya mediado incumplimiento a deberes jurídicos impuestos en una resolución judicial y no el carácter de parte o tercero que revista el conminado. El campo de aplicación de las astreintes no se reduce...