Los clubes de campo o countries no encuadran en la figura del consorcio y, por ende, escapan a la previsión normativa del inc. 6 del art. 518 C.P.C.C., no pudiendo valerse de la vía ejecutiva para reclamar expensas comunes adeudadas.
No puede considerarse a la actora una organización urbanística asimilada a la propiedad horizontal por la ley de fondo, puesto que todavía no existe una ley que co...
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Resulta insoslayable destacar la relevación de la protección jurídica a los consumidores y usuarios a partir de la reforma constitucional de 1994, dado su rango constitucional y el carácter de orden público que le ha asignado el legislador, con notables cambios en la interpretación, vigencia y análisis de compatibilidad de otras normas de derecho que hasta entonces se tomaban como reglas inconmovi...
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El contrato de “prestación de servicios educativos privados” o “contrato de enseñanza” se configura cuando una parte denominada “establecimiento o institución no estatal” se obliga a desarrollar en un contexto de organización empresarial, procesos de enseñanza-aprendizaje, y la otra, individualizada como “educando” u “obligado”, a colaborar en su ejecución, asumiendo o no el pago de una suma de di...
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El plazo de prescripción que resulta aplicable a los créditos que surgen de un contrato de servicios educativos privados es el previsto en el art. 4035 inc. 2 C.C., que estipula que “se prescribe por un año la obligación de pagar:… 2°) A los dueños de colegios o casas de pensión, el precio de la pensión de sus discípulos, y a los otros maestros el del aprendizaje…”. En este régimen se incluyen las...
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Si el incidente de caducidad ha sido deducido por la actora, en virtud del principio dispositivo que rige nuestro proceso civil, es a la parte que lo interpuso que incumbía procurar la remoción de todos los obstáculos que pudieran interponerse para lograr el desenlace final de aquél a través de la resolución judicial correspondiente.
Aun cuando se considerase que el curso de la instancia se en...
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El cómputo del plazo de perención debe iniciarse desde la fecha del último acto idóneo y no al día siguiente del último acto útil, o sea desde la medianoche en que termina el día del último acto impulsorio (art. 24 C.C.) y fenece a la medianoche del mismo número de día del mes correspondiente. Cuando el legislador ha querido que los términos procesales se computen a partir del día siguiente al del...
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En materia de nulidades procesales, la nulidad relativa es la regla y la absoluta la excepción. Dicha clasificación, por cierto, se relaciona con las posibilidades de subsanación de las partes de los actos defectuosos. Son absolutas las nulidades que afecten una garantía constitucional indisponible por los interesados, como lo es, por ejemplo, la de defensa en juicio en el ámbito penal. En cambio ...
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Mediante el poder apud acta, quienes se entienden ofendidos penalmente por el delito investigado legitiman al letrado para que los representen en carácter de querellantes particulares. Se trata de un acto procesal que se vincula de modo directo con la representación de un sujeto procesal eventual (art. 185 inc. 5, 3ª hipótesis C.P.P.). De consiguiente, la inobservancia de las disposiciones concern...
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La responsabilidad del Estado por actividad lícita (en el caso por la falta de servicio o servicio defectuoso en ocasión de verificar un rodado por parte de la Policía de Córdoba) se encuadra dentro de la teoría general del derecho de daños, basándose en las normas de la Constitución Nacional, principios generales y normas del derecho público. Ahora bien, ello no significa que deba prescindirse de...
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El Código Procesal Civil y Comercial no establece expresamente a quién le compete la acción de desalojo (“legitimación activa”), sino que en su art. 750 prevé solamente contra quién procede (“legitimación pasiva”). Dicha norma postula que la acción de desalojo procede en contra del locatario o sublocatario de inmuebles urbanos o rurales, o contra cualquier ocupante de los enumerados en el art. 246...
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