El art. 46 de la ley 7956, que reglamenta el enjuiciamiento de magistrados y funcionarios del Poder Judicial, establece expresamente la irrecurribilidad de las decisiones del jurado. La interpretación de las disposiciones mencionadas debe efectuarse teniendo en cuenta la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en numerosos fallos ha admitido el contralor judicial, a trav...

La destitución dispuesta por la causal «supuesta comisión de delitos» no es una pena, pues su imposición compete exclusivamente al Poder Judicial después de cumplido el juicio previo (art. 18 C.N.), y éste en su amplia acepción de proceso penal sólo puede ser iniciado en contra de quien cuenta con una inmunidad procesal, luego de removido del cargo por el órgano competente según la Constitución Pr...

No puede ser aplicado analógicamente el efecto suspensivo estatuido como disposición general para los recursos en el Código Procesal Penal (art. 453), el cual en estricto sentido sólo rige cuando se trata de sentencias condenatorias, pues las absolutorias son ejecutables aunque fueran objeto de impugnación (art. 411). Siguiendo la naturaleza administrativa del enjuiciamiento, debe recordarse que l...

La disposición del art. 505 C.C., con la reforma de la ley 24.432, no puede ser aplicada a una materia como la de las costas que es eminentemente procesal, y que por imperio de la Constitución Nacional, art. 121, está reservada a la determinación de cada una de las provincias, no habiendo la provincia de Córdoba hasta ahora adherido a dicha norma conforme lo prevé el art. 15 de la mencionada ley. ...

La acción declarativa de inconstitu-cionalidad de una ordenanza municipal habilita la competencia originaria y exclusiva del Tribunal Superior de Justicia si la cuestión constitucional se discute en «caso concreto», por «parte interesada» y la norma impugnada estatuye sobre «materia regida por la Constitución de la Provincia» (art. 165 inc. 1º, apartado a, Const. Pcia.), ya sea que emerjan en form...

En orden al requisito relativo a «ca-so concreto», el sentido de la expresión «caso» de la Carta Magna Provincial, no equivale sólo a litigio sino también a conflicto de intereses. Se configura «caso concreto» al mediar un interés suficiente para proponer la acción, mediante la cual se procura superar la falta de certeza en cuanto al derecho, provocada por la sanción de la ordenanza impugnada (T....

La acción declarativa de certeza no excluye la procedencia de una medida de no innovar en tanto se den los demás requisitos necesarios para su admisión: a) verosimilitud del derecho invocado; b) peligro en la demora; c) la cautela no pudiere obtenerse por medio de otra medida precautoria y d) contracautela (art. 483 y concs. C.P.C.), en cuya ponderación los razonamientos lógicos no deben someterse...

La «verosimilitud del derecho» y el «peligro en la demora» no se verifican ya que los agravios aducidos carecen de la suficiente inmediatez para poner de manifiesto la gravedad de la lesión al derecho que se estima vulnerado, al no mediar una actividad explícita del poder administrador, dirigida a hacer efectiva las previsiones de la ordenanza impugnada, cuya aplicación podría resultar meramente h...

Las costas deberán ser soportadas por el orden causado, y los honorarios de la sindicatura y su letrado patrocinante, por el presente trámite, deberán ser soportados por el propio funcionario concursal, toda vez que el recurso en tratamiento estaba dirigido a obtener un beneficio económico propio y por ello no corresponde que dichos honorarios deban ser abonados por la masa de la quiebra....

En el presente caso no estamos frente al supuesto en que la necesidad de acudir al procedimiento del art. 38 de la ley concursal anterior lo sea por la falta de diligencia del peticionario, sino que tras la impugnación que éste realiza al informe individual del síndico, y el consejo de éste de admitir el crédito, el juez lo declara inadmisible, no dando mayores argumentos, cuando en esa etapa podr...