El objeto del amparo por mora es tutelar el derecho de peticionar a las autoridades y a obtener respuesta (art. 19, inc. 9, Const. Pcial.), esto es, decisión o resolución la que obligatoriamente debe ser expresa. La administración tiene el deber de pronunciarse, el silencio o inactividad prolongados implican una falta de cumplimiento a un deber jurídico que pesa sobre ella....

La primera regla del art. 10, 3er párr., de la ley 8506, es la imposición de las costas al vencido, de modo que en tanto lo haya y no concurran motivos para aplicar la segunda parte, así debe hacerse....

El beneficio de litigar sin gastos es un privilegio que se otorga a quien demuestra su imposibilidad económica para atender el pago de los gastos que genera la defensa de sus derechos en sede jurisdiccional. En tanto se trata de un privilegio, su interpretación debe ser restrictiva. Si se toma en consideración lo dispuesto por las leyes impositivas, la alícuota correspondiente a la tasa de justic...

Si el recurso de revisión articulado contra «actos firmes», esto es que constituyen cosa juzgada administrativa, resulta via-ble ante la administración, constituye un antecedente necesario que, en su caso, habilita la competencia del Tribunal para revisar la legalidad de aquellos actos «firmes»....

El motivo de revisión, previsto en el art. 89 inc. «b», ley 5350 (t.o.) refiere a documentos de carácter decisivo que por su importancia pudieren hacer variar la resolución definitiva. No concurriendo tal decisividad, su recibo no es procedente. Los documentos pueden haber estado en poder del interesado y habérsele extraviado o haber sido detenidos sin su culpa, o bien haberlos conseguido recién e...

La errónea aplicación del de- recho como causal casatoria puede producirse cuando la norma que constituye el fundamento legal del fallo no es el precepto que debía aplicarse para resolver el pleito o, aún cuando su aplicación sea correcta, se atribuye una interpretación inexacta al imperativo legal contenido en ella....

El «informalismo» constituye un principio rector del procedimiento administrativo, que responde a una larga tradición doctrinaria y jurisprudencial de nuestro país y que ha sido receptada normativamente a través del art. 9 de la ley 5350 (t.o.) concordante con el art. 1° inciso «c» de la ley de Procedimiento Administrativo Nacional 19.549. Este principio, que juega siempre a favor del particular i...

El informalismo no es aplicable en igual intensidad al «procedimiento administrativo recursivo» cuya esencia es eminentemente «formalista», salvo norma expresa o razonablemente implícita que lo autorice. Del art. 79 de la ley de procedimiento administrativo provincial se infiere con facilidad que en la interpretación de esta problemática debe primar la intención o voluntad recursiva, aún cuando no...

Teniendo en cuenta la norma rectora del art. 1198 C.C. -es decir, la buena fe que debe presidir la celebración, interpretación y ejecución de los contratos- corresponde que dentro del análisis de una relación contractual se aprecie también la conducta observada por las partes durante la celebración y ejecución del negocio jurídico, pues dicho comportamiento trasunta la más acabada evidencia de lo ...

Teniendo en cuenta la norma rectora del art. 1198 C.C. -es decir, la buena fe que debe presidir la celebración, interpretación y ejecución de los contratos- corresponde que dentro del análisis de una relación contractual se aprecie también la conducta observada por las partes durante la celebración y ejecución del negocio jurídico, pues dicho comportamiento trasunta la más acabada evidencia de lo ...