Para la determinación del “quantum” de la indemnización del daño moral, debe tenerse en cuenta la afrenta sufrida por el accionante, sus calidades personales y su actividad profesional....

La formalidad del título puede y debe ser obviada cuando se la postula como obstáculo puramente formal a la procedencia de la ejecución, sin sustento en un agravio sustancial a los derechos que invoca el demandado. Aunque falte al instrumento alguno de los requisitos exigidos por el art. 102, primera parte del decr. 5965/63, siempre que contenga un reconocimiento de suma l&iac...

La ley 8250, cuyas disposiciones declara aplicables el art. 7º, inc. d), acápite e), de la ley 8836, es francamente inconstitucional, en cuanto para las obligaciones que declara consolidadas (vencidas o de causa anterior al 12 de junio de 1999) establece un plazo máximo de pago de dieciséis años, sujetas a los recursos que anualmente contemple la ley de presupuesto general de la administración pro...

Si bien la ley 8836 prevé formas alternativas de pago para los acreedores de deudas consolidadas, para la tasa de interés rigen las disposiciones de la ley 8250, que establece de pleno derecho, a partir de la consolidación, la equivalente a la tasa promedio de la Caja de Ahorro Común del Banco de la Provincia de Córdoba y, por último, un plazo de dieciséis años. El hecho de disponer de tan elongad...

Vulnera el principio de igualdad ante la ley (art. 16 C.N.) cuando se crea una discriminación irrazonable entre las víctimas de daños injustos, según que el responsable sea el Estado o bien una persona de carácter privado. Resulta arbitrario que una víctima se encuentre más desprotegida cuando el responsable no es un particular, siendo que, precisamente, dentro de un Estado de derecho, los entes p...

Tratándose de un accidente de automotores en movimiento, el caso engasta en lo disciplinado por el art. 1113, 2ª párr., 2ª parte, C.C., salvo que se acredite un factor subjetivo de atribución. De las escasas piezas probatorias arrimadas a la litis, no puede afirmarse que la parte actora sea la culpable del evento. Por otra parte, el demandado no ha demostrado la negligencia de la víctima (art. 111...

La circunstancia de que el daño sufrido en el vehículo de la víctima sea de escasa envergadura no permite extraer como conclusión la falta de responsabilidad de quien embiste. Por el contrario, la colisión demuestra que el accionado no conducía a la velocidad que era menester, según las circunstancias de tiempo y lugar (art. 512 C.C.) y que en el momento de ocurrir el suceso dañoso no tenía el ple...

El art. 7º, inc. d, acápite e, de la ley 8836 en cuanto establece para las obligaciones que declara consolidadas (vencidas o de causa anterior al 12 de julio de 1999) un plazo máximo de pago de 16 años sujeto a los recursos que anualmente contemple la ley de presupuesto general de la administración provincial para hacer frente al pasivo consolidado, es inconstitucional, enfrentándose con el art. 1...

La constitucionalidad de las medidas de excepción está restringida, tal cual lo tiene dicho nuestro máximo tribunal, a aquellas que sólo implican la postergación dentro de límites razonables, del cumplimiento de obligaciones emanadas de derechos adquiridos fijando plazos, concediendo esperas, como una forma de hacer posible el cumplimiento de las obligaciones a la vez que atenuar su gravitación ne...

Si bien la ley 8836 prevé como forma alternativa de pago para los acreedores de deudas consolidadas la suscripción a la par por el importe total o parcial de la deuda en moneda nacional, dólares, euro u otra moneda extranjera, bonos o títulos de consolidación en la forma que determine la reglamentación, para la tasa de interés rigen las disposiciones de la ley 8250, que establece de pleno derecho ...