Los incidentistas, socios de la S.R.L. en quiebra, no pueden invocar, después de ocho años, desconocimiento de la situación de hecho respecto de la planta industrial montada sobre el terreno de su propiedad, ya que el hecho de que el proceso falencial comprometa únicamente al patrimonio del ente societario, no significa que aquellos deban desentenderse del funcionamiento de la sociedad. La pret...

La cámara frigorífica no encuadra en la hipótesis del art. 2315 C.C., ya que tanto testimonios como experticia confirman la posibilidad de desmontar y desarmar dicha estructura, y que el costo de tales operaciones no superaría el diez por ciento de su valor. La jurisprudencia de la Cámara ha establecido hace tiempo que no son inmuebles por accesión física, aquellas construcciones que por sus ca...

Con la petición inicial articulada como demanda incidental (recurso de revisión), comienza para el revisionista la carga de impulsar el proceso realizando todos aquellos actos tendientes a obtener del órgano judicial un pronunciamiento respecto de sus pretensiones. La ausencia de resolución que ordene el traslado del escrito inicial, no impide que opere la perención de la instancia, toda vez qu...

El art. 121 de la ley 24.660, establece que en lo relativo a la remuneración de la actividad laboral del interno, una vez practicados los descuentos correspondientes sobre la retribución que percibe el interno por su trabajo, el saldo resultante será destinado a un fondo propio que va a ser entregado integralmente al interno, una vez que egrese ya sea anticipada -libertad condicional o libertad as...

El fondo propio, una vez deducida la parte disponible, constituirá el fondo de reserva. Por regla general, el interno no se encuentra autorizado a disponer del fondo de reserva, el cual recién le será entregado cuando se reintegre a la vida libre. Ello obedece a la necesidad de proteger el patrimonio del condenado el cual le va a ser de suma utilidad a su egreso, toda vez que va a necesitar del...

La intervención del querellante particular en el proceso penal se presenta como una manifestación del derecho a la jurisdicción y a la tutela judicial efectiva, que corresponde -entre otros- a la víctima del delito, derechos éstos de raigambre constitucional por imperio de lo prescripto en el artículo 75, inciso 22, de la CN, donde se otorga jerarquía constitucional a una serie de tratados interna...

Mediante la ley 8250 se dispuso la adhesión de la Provincia de Córdoba a la ley nacional 23.982 y de este modo se consolidaron las obligaciones vencidas o de causa o título anterior al 1o de abril de 1991 que consistan en el pago de sumas de dinero, en los términos y condiciones que la misma ley establece (del dictamen de la procuradora general de la Nación que el tribunal hace suyo). Por su pa...

Las normas estatutarias que regulan la relación de empleo público establecen dispositivos flexibles para que la autoridad que debe aplicar la sanción valore las circunstancias concretas de cada caso y resuelva en consecuencia. En ocasiones, un mismo hecho puede ser causa para aplicar una suspensión de treinta días o una cesantía, a partir de la gravedad de la sanción. Consecuentemente, su resoluci...

Al momento de ejercer sus facultades disciplinarias, la administración debe garantizar la real y efectiva proporcionalidad entre la sanción que se aplica y los fines que persigue la ley, requisitos que no se observan cumplimentados en la cesantía cuestionada. De las constancias de la causa se derivan elementos que no recibieron una exhaustiva y acabada consideración de la administración, circunsta...

Si el adquirente por boleto de compraventa hubiere incoado tercería de dominio, ello por sí solo no acarreará el rechazo de su pretensión, que puede ser reconducida oficiosamente por el juzgador como tercería de mejor derecho. En virtud del principio iura novit curia, el juzgador tiene la facultad de calificar la relación jurídica objeto de la litis encuandrándola correctamente desde la óptica ...